Izquierda Unida presenta una batería de propuestas ambiciosas y transformadoras para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en España. Estas medidas, integradas en los Presupuestos Generales de 2025, buscan construir un parque de vivienda pública robusto, combatir la especulación, y proteger a las familias más vulnerables frente a desahucios y subidas de tipos hipotecarios. Con una inversión del 2% del PIB hasta 2035, nuestro objetivo es ofrecer soluciones reales y sostenibles a la crisis habitacional, reforzando la regulación y aumentando la oferta de vivienda en alquiler social.
Desde la movilización de viviendas vacías hasta la construcción de 600.000 nuevas unidades públicas, estas políticas suponen un cambio estructural que prioriza la justicia social y el derecho a la vivienda. Además, proponemos eliminar privilegios fiscales y financieros que contribuyen a la especulación, reforzar la protección a arrendatarios vulnerables y promover una legislación más estricta sobre alquileres turísticos y zonas tensionadas.
Es el momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública. Con estas medidas, Izquierda Unida reafirma su compromiso con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas.
1. Crear un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable:
- Movilizando la vivienda vacía mediante una mayor fiscalidad y agencia pública de casero seguro y garantizado.
- Promoviendo directamente desde el Estado la construcción de viviendas en suelo público (SAREB, Defensa, ADIF, RENFE, ayuntamientos y CCAA) y mediante la reorientación de los créditos blandos de la Adenda.
2. Dedicar al menos el 2% del PIB a políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente la promoción de vivienda pública de alquiler asequible hasta el año 2035.
El 1,5% adicional al presupuesto actual se destinaría a lo siguiente:
- Programa de Erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el cual, el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos.
- El coste de este programa según las estimaciones de desahucios realizados en 2022 ascendería al 0,25% del PIB e incorporaría un máximo de 20.000 viviendas anuales al parque de vivienda pública.
- Programa de Construcción/rehabitación de 600.000 viviendas públicas por parte de la SAREB para destinarlas a alquiler social. Se construirían en los próximos doce años (50.000 unidades anuales) en el suelo urbanizable de su propiedad y el procedente de las administraciones públicas (terrenos ociosos del Ministerio de Defensa o de Adif). Se dedicaría un 0,40% del PIB anual a este Programa lo que supone 20 veces más que la partida presupuestaria dedicada a ello en 2022 y 100 veces más que la de 2021.
- Reglamentar la adquisición de vivienda privada por parte del Estado para dedicarlas al alquiler social mediante el uso del derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas. Se dedicaría a este rubro un 0,35% del PIB durante los próximos doce años y permitiría adquirir 35.000 viviendas anuales para destinarlas al parque público (420.000 viviendas en total).
- Programa de Protección a los deudores hipotecarios ante las subidas de los tipos de interés. Se establecerá una deducción de hasta 300 euros al mes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en forma de “impuesto negativo” (similar a la prestación por maternidad).
- Podrían solicitarla quienes tuvieran ingresos de su unidad familiar de hasta tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, 21.600 euros anuales y su cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos del hogar. El programa podría beneficiar a un millón de familias y supondría un coste del 0,25% del PIB. Esto sigue siendo necesario a pesar de la bajada del euríbor.
- Programa de Protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre a las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta del alquiler y de dichos gastos. Se destinaría a ello un 0,25% del PIB y podría beneficiar a 500.000 familias.
3. Eliminación inmediata de las Golden Visa y limitación del uso de la vivienda para actividades que sean de residencia habitual en zonas tensionadas.
4. Apoyar mediante recursos a los ayuntamientos para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos. Obligar a las plataformas de alquiler turístico a ceder los datos.
5. Eliminar la actual exención y establecer un IVA del 21% para alquileres turístico.
6. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para extender a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que reconoce a los inquilinos de larga duración.
Plantear la reforma del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar la conversión de vivienda habitual en alquiler de temporada, es decir acotar mucho más la consideración de vivienda para uso distinto del de vivienda habitual, por ejemplo “que tengan la consideración de vivienda para uso distinto del de vivienda la vivienda que esté destinada a un uso económico como, por ejemplo, un uso vacacional. Para ello, se tendrían que cumplir una serie de condiciones como que figure en el futuro registro estatal de viviendas turísticas”.
7. Reforzar la Ley de Vivienda para que de forma subsidiaria ayuntamientos y Estado puedan declarar zonas tensionadas en el caso de que no lo hagan las Comunidades Autónomas.
También es imprescindible desarrollar las medidas de la Ley de Vivienda aprobada para declarar zonas tensionadas y limitar el precio máximo de los alquileres. En las zonas tensionadas –donde el precio del alquiler supera el 25% del ingreso medio de los hogares- el precio máximo de alquiler quedará limitado al 25% del ingreso medio de los hogares mientras persista la tensión de los precios sobre los ingresos familiares.
La dimensión de actuación sobre la zona tensionada (sección censal, distrito, municipio) podrá ser flexible según la situación en cada territorio y de acuerdo con las administraciones públicas. Además, se limitarán las viviendas turísticas en zonas tensionadas.
8. Transformar la Entidad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelos, SEPES en una empresa pública para construir vivienda.
Es posible, puesto que se esta empresa ya existe y requeriría de voluntad política para ponerla en marcha con estas nuevas características, consiguiendo así abaratar el precio de la vivienda y permitiendo acelerar la construcción de un parque de vivienda pública. SEPES ya es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con más de 60 años de experiencia.
Se dedica al desarrollo urbanístico a través de la concertación y la colaboración interinstitucional. Todo esto, configura a SEPES como instrumento eficaz para el desarrollo de políticas de vivienda y suelo, claves para construir país.
9. Mejora del índice de Precios de Referencia para evitar efectos adversos y que contribuya a bajar los precios considerando la mediana de los precios como índice de referencia e incluyendo elementos objetivables en los datos de la vivienda.
10. Limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, extender dicha limitación para los beneficios fiscales reconocidos a las SOCIMIs por el régimen fiscal especial en el IS.
11. Establecer una portabilidad real para hipotecas entre entidades y terminar con el problema de las hipotecas REDAL.
