Garantizar el derecho de la vivienda en los pueblos también garantiza la supervivencia de los mismos.
El problema de la vivienda en el mundo rural tiene unas características especiales que, de igual manera que en las ciudades, deben acometerse desde la intervención pública. Si la gente no tiene dónde vivir, el pueblo va muriendo poco a poco.
En la mayoría de nuestros pueblos falta vivienda de obra nueva. La escasez de solares a edificar, sin caer en la expansión descontrolada/especulativa del municipio, contrasta con la gran cantidad de viviendas vacías, abandonadas o directamente en ruina – muchas de ellas de escasas dimensiones- que bien no están disponibles para su venta, o bien directamente lo están a unos precios desorbitados teniendo en cuenta que deben ser rehabilitadas en su práctica totalidad o íntegramente.
Los ayuntamientos carecen, en su mayoría, de los medios técnicos y económicos para, por si solos, poner en marcha planes de vivienda que tengan en el centro la rehabilitación y regeneración de los centros urbanos como base para el impulso de iniciativas, que alejados de proyectos especulativos, garanticen acabar con la dicotomía QUE HAYA CASAS SIN GENTE, Y GENTE SIN CASAS.
La entrada del Partido Popular en la Diputación de Málaga, competente en dar apoyo técnico y económico a los ayuntamientos pequeños, trajo consigo el abandono de la política pública provincial de vivienda, lo que, sumado a la dejación de funciones en esta materia por parte de la Junta de Andalucía, hace que por mucha voluntad (cuando se tiene) de los ayuntamientos, si son pocas las iniciativas que se hacen en las ciudades, en los pueblos directamente brillan por su ausencia.
La Junta de Andalucía, a pesar de presumir de tener entre sus prioridades la agilización en la tramitación, ha modificado la legislación para que sea más fácil enladrillar el campo con macroproyectos urbanísticos, sin embargo, ya no solo no impulsa medidas que favorezcan la rehabilitación de viviendas directamente o a través de los ayuntamientos, sino que además sólo hace poner trabas en aquellos núcleos urbanos históricos donde la tramitación de las licencias dependen de Cultura, que tarda años en tramitar licencias incluso de rehabilitación funcional de las viviendas.
Es necesario y urgente, ante el problema estructural que sufrimos, el impulso de políticas activas de vivienda en el medio rural como fórmula para garantizar el derecho a la vivienda a las personas y por ende, superviviencia de nuestros pueblos.
¡¡¡NO FALTES EL 5 DE ABRIL!!! Álora para vivir
