El concierto millonario con la sanidad privada por parte del gobierno andaluz ha descapitalizado a la sanidad pública y con ello el aumento del tiempo de espera para obtener cita con el médico de cabecera o con el especialista… Todo ha ido a peor y el deterioro de la sanidad pública está a la vista.
El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución se interpretó usualmente como derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad.
Los poderes públicos han de asegurar y mejorar la salud de la población, la actual y la futura, entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social.
Nuevas realidades como la discapacidad intelectual, la salud mental, la plena integración de grupos étnicos minoritarios, la reclusión penitenciaria o las distintas situaciones de exclusión social, sólo serán sostenibles asegurándole a nuestra población los servicios públicos sanitarios y sociales, los mejores niveles de salud y autonomía posibles en todos los tramos de la vida y con la garantía de la máxima igualdad. Hoy las amenazas a la salud pública en el ámbito internacional no puede prevenirse mediante una sanidad de fronteras, es una tarea solidaria y compartida que no reconoce fronteras.
El futuro de la sanidad en España se ha vuelto más pesimista. Así el lamento de los profesionales por la interrupción de un programa, sea el de tabaquismo, sea el de prevención de embarazos no deseados, etc… Por su parte el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha ido malogrando su capacidad técnica, al ir perdiendo numéricamente funcionarios.
Necesitamos » UNA NUEVA NORMALIDAD, UNA NUEVA SALUD PÚBLICA». La transparencia, la participación, la rendición de cuentas, calidad, seguridad, integridad, etc… son los objetivos de un buen gobierno para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria y social.
La salud es un derecho de todas las personas y no puede y no debe convertirse en el negocio lucrativo de unos pocos.
