Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad que venimos sufriendo de forma sistemática como consecuencia del Cambio Climático. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
Estos y más espacios verdes garantizan la preservación del entorno y el medio ambiente, y su defensa es para IU una prioridad política de primer orden. Lo ha sido históricamente, cuando hace décadas nadie hablaba de ello y lo será irresolublemente en el futuro, ahora que sí está en agenda. Es una línea roja que nunca cruzaremos y a nuestras espaldas hay un buen número de conflictos en los que hemos estado a la vanguardia defendiendo nuestra tierra.
Y en línea de está sensibilidad política, IU tiene en la lucha contra el Cambio Climático uno de sus ejes vertebradores, estratégicos y de desarrollo de la acción política. En esta titánica tarea, son precisos todos los esfuerzos políticos, económicos y tecnológicos para impulsar las medidas necesarias para mitigar los graves efectos que tiene la Emergencia Climática a la que nos enfrentamos.
Una, de las muchas acciones necesarias consiste en la planificación y desarrollo de una transición energética pública que debe pivotar, entre otras, en el despliegue de las energías renovables para descarbonizar el mix energético y por ende contribuir al proceso de electrificación de la economía y la sociedad española que nos permita abandonar el uso de combustibles fósiles y así reducir rápida y drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2. Además, resulta innegable que las condiciones climatológicas de nuestro País se prestan a una implantación mayoritaria de la energía solar fotovoltaica y la eólica, las cuales además, en los últimos años ha experimentado una fuerte curva de aprendizaje, sobre todo la fotovoltaica que ha contribuido a una importante reducción de costes haciendo de esta tecnología una de las más competitivas. Si a esto sumamos el hecho de que estas tecnologías además de ser una fuente limpia, renovable y barata contribuye a la reducción de precios en el mercado mayorista de electricidad, lo cierto es que se convierten en una de las herramientas fundamentales de las que debemos disponer en este proceso de descarbonización del mix energético.
Sin embargo, a pesar de partir de unas condiciones inmejorables, lo que nos encontramos de un tiempo a esta parte es un modelo de desarrollo depredador que nos preocupa enormemente. No hay una planificación energética pública consistente a las necesidades ni una ordenación del territorio que zonifique los espacios adecuados ambientalmente y óptimos técnicamente para su implantación y construcción.
Lo que vemos es cómo la transición energética que estamos caminando no está impugnado el actual sistema de producción, en este caso, de energía eléctrica. No estamos alumbrando un Nuevo Modelo Energético, ambientalmente sostenible, democrático y socialmente justo. Lo que está ocurriendo es, en definitiva, más de los mismo. Estamos observando con pavor como las mismas empresas que han conformado en las últimas décadas un oligopolio energético han comenzado a virar sus estrategias empresariales abandonando nichos de negocio contaminantes por otros más sostenibles. ¿Es bueno? Sí, no lo negaremos. Que una petrolera reduzca inversiones en hidrocarburos y dirija sus esfuerzos a las renovables es sin duda un buen paso. Pero el problema trasciende la mera orientación de negocios de unos sectores a otros. El problema es que lo que vamos a ver (y ya estamos viendo) es cómo las grandes empresas que han dominado la generación de electricidad hasta ahora, controlarán la generación de electricidad del futuro. Y más allá de esta preocupante concentración de capital y de poder económico-institucional, lo que vemos es que estas empresas – que en la inmensa mayoría no son ni tan autóctonas – carece de una responsabilidad social realmente bien entendida, no cómo mera etiqueta o eslogan corporativo. No entienden ni interiorizan que las energías renovables son un medio, una herramienta más de un amplio abanico de opciones para combatir el cambio climático, sino que lo entienden como un fin en sí mismo, que les produce una rentabilidad económica y les permite mantener su statu quo, o incluso reforzarlo. Por tanto, si no se ponen medios lo que veremos es cómo la producción a través de un recurso natural como es el sol o el viento, va ser patrimonializado por una élite económica cada vez más poderosa.
Efectivamente, lo que estamos viendo a través de nuestros alcaldes y concejales es que el campo se está llenado de una multitud de megaproyectos renovables, mayoritariamente de energía fotovoltaica, en muchos casos con tintes especulativos, con grandes multinacionales detrás, incluso fondos de inversión extranjeros, que usan en ocasiones prácticas caciquiles propias de hace un siglo. Estos proyectos no traen riqueza al territorio, más allá del “pelotazo” de algunos agricultores que venden al mejor postor sus tierras abandonando proyectos agrícolas gracias a unas rentas improductivas y algo de dinero a las arcas públicas municipales. Pero es que a estos promotores renovables, no les preocupa si no hay necesidades reales de acumular cientos de megavatios en una misma zona; ya se encargarán de hacer presión para la planificación de la red de transporte y distribución incluya nuevas líneas eléctricas. No hay un compromiso ambiental, como tampoco hay una visión estratégica ni de política energética detrás. Sólo hay rentabilidad económica y sólo desde este punto de vista se entiende la economía de escalas de los enormes proyectos que promueven. No les importa los enormes impactos y afecciones al territorio y su medio natural, porque lo que importa es hacer caja y repartir dividendos. Bajo el pretexto de que son empresas sostenibles preocupadas por el medio ambiente y el cambio climático, no tienen reparos en arrasar centenares y miles de hectáreas, realizar un desmonte, desbroces masificados, realizar movimientos de tierra, talar arboles y alterar zonas donde habiten especies naturales autóctonas y de gran valor. Es decir, con la justificación de desarrollar energías renovables para combatir el cambio climático son capaces de alterar la biodiversidad de la fauna y flora del mismo terreno que dicen querer proteger. Esta contradicción es obscena, insostenible, insoportable e inasumible. Una medida de esta naturaleza no puede tener efectos secundarios que empeoren la situación previa. Sí, contribuyen a un mix de generación descarbonizado, pero también a arrasar extensas hectáreas de un campo especialmente rico en su biodiversidad.
Pero más allá de este neocolonalismo energético del gran capital y de conversión de multitud de nuestros pueblos en el nuevo monocultivo fotovoltaico, lo que subyace es una enorme responsabilidad de las Administraciones Públicas competentes que a través de su regulación o la falta de ella que permiten esta especie de “ley de la selva”, que ni tan siquiera es un “Capitalismo Verde” como se ha denominado en alguna ocasión, sino que es el mismo sistema capitalista de siempre, pero revestido de una especie de lavado de cara que permita su subsistencia en el medio plazo.
A día de hoy, cualquiera con algo dinero y cumpliendo unos mínimos requisitos administrativos puede construir las instalaciones que quiera y dónde quiera. Y este es el problema de fondo. Podemos quejarnos de una u otra empresa, de uno u otro proyecto, del impacto en una u otra zona, de las especies que se pueden ver afectadas, de si el proyecto va a generar empleo local o foráneo, si estos proyectos asientan población o no, pero lo que subyace de fondo de toda esta cuestión es un problema mayor de planificación y ordenación.
Resulta evidente que en la transición ecológica de la economía es necesario una transformación del sistema energético español, y que las energías renovables son herramientas fundamentales para su consecución. Al igual que resulta evidente que cualquier instalación de generación eléctrica tiene impactos, pero hay que tratar de que éstos sean los menores posibles, y que los estudios de declaración ambiental no sean mero papeleo administrativo, sino documentos realmente sólidos, solvente y válidos para determinar los impactos de cada proyecto y la adecuación de los lugares seleccionados y posteriormente hacer un seguimiento riguroso de su cumplimiento. En este marco de referencia, desde IU apostamos por proyectos de menor envergadura que sin duda ayudarán a reducir impactos en el territorio; el establecimiento de una zonificación de espacios vinculante que delimite con claridad y objetividad las zonas necesarias de preservación y especial protección, evitando la ejecución de proyectos en zonas claramente inadecuadas por su especial valor ambiental. Además, se está asentando en el subconsciente colectivo de la sociedad española, que sólo las renovables puede desarrollarse en el campo. Y sin embargo, no es cierto, más bien al contrario, la apuesta que hacemos desde IU pasa por una producción de proximidad, es decir, un modelo basado en la generación distribuida, donde la producción de energía eléctrica se realice lo más cerca posible a los puntos de consumo. Con ello, evitamos el modelo neocolonial de “producir aquí y consumir a cientos de kilómetros”, que además conlleva el enorme gasto de desplegar las infraestructuras y redes eléctricas de alta tensión para el transporte de esa energía, que además de suponer un coste que se repercute en la factura de todos los consumidores eléctricos a través de los peajes de transporte y distribución (tan en boga estos días), tienen a su vez sus propios impactos con el tendido de redes de alta tensión, las cuales atravesarán como autovías eléctricas el campo español y partirán los pueblos por los que pasen, ya que no irán soterradas, sino que serán líneas aéreas con sus correspondientes torres generando a su vez nuevos rechazos sociales y del movimiento ecologista. En definitiva, que un modelo de proximidad permite optimizar los proyectos a las necesidades reales de los territorios, permite que estos proyectos de menor tamaño sean participados por agentes y actores sociales y económicos locales de menor tamaño, con PYMES y autónomos de los municipios en cuestión y estos sí, generen un tejido productivo local con trabajadores autóctonos que reactiven la economía porque los beneficios se quedarán en el territorio de forma directa e indirecta, y no en la cuenta en el exterior de los accionistas de la empresa que promueve un gran proyecto.
Además, estos modelos permiten desarrollar experiencias colectivas y municipales muy interesantes donde el poder local y la sociedad civil se dan la mano para ser protagonistas del sector energético. Pensemos en las comunidades energéticas que ya desarrollamos en algunos municipios en los que gobernamos, y el autoconsumo colectivo y compartido haciendo uso de los tejados municipales, por poner sólo algunos ejemplos son herramientas muy interesantes y con gran potencialidad.
Cuando os enfrentéis al dilema en vuestro pueblo sobre la construcción de un megaproyecto, podéis preguntaros si es mejor un megaproyecto fotovoltaico de 500MW desarrollado por una gran empresa en un pequeño municipio con subcontratas traídas de fuera y con sus impactos en esa ingente cantidad de hectáreas, o por el contrario si es mejor 500 proyectos de 1MW en 500 municipios desarrollado por PYMES dando empleo trabajadores locales en muchas más zonas del territorio. O incluso, si no será mejor incluso construir 5.000 instalaciones de autoconsumo en cubiertas de polígonos y edificios municipales o 50.000 instalaciones de pequeña potencia para autoconsumos domésticos… Creemos, sinceramente, que las respuestas son evidentes. Cualquier modelo de menor dimensión y de proximidad será mejor que el primero.
En definitiva, desde IU decimos “renovables sí, pero no así”. Es necesario un cambio de modelo energético, no una mera adaptación del mismo. Y nos encontramos en un punto crítico de no retorno. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero en la movilización y nuestra fuerza municipal es donde se va jugar esa partida. Y en el plano estatal seguiremos defendiendo la necesidad de crear una empresa pública de generación que por un lado, explote las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan venciendo para destinar parte de su beneficio a la inversión de proyectos pioneros con alto valor añadido de I+D+i de energías renovables, hibridación, almacenamiento a gran escala y desarrollando tecnologías muy necesarias pero que aún no se encuentren tan maduras. Además, su participación en el mercado de generación eléctrica contribuirá a romper el actual oligopolio que es fuente de muchos de los problemas que arrastramos en el sector energético.
Fuente: https://izquierdaunida.org/
